MANIFIESTO CONCENTRACIÓN EN MEMORIA DE BELÉN Y EN DEFENSA DE LOS DERECHOS Y PROTECCIÓN DEL COLECTIVO DE PROFESIONALES DEL ÁMBITO SOCIAL.

El colectivo de profesionales que trabajamos en el ámbito social, mediante iniciativa ciudadana, hemos convocado esta concentración en memoria de Belén, educadora social asesinada en el desempeño de su labor. Denunciamos la gravedad de lo sucedido, condenamos enérgicamente y expresamos nuestro dolor, nuestra rabia y nuestras más sinceras condolencias a los familiares, compañeros/as y allegados/as de la compañera.

NO ES POSIBLE, NO ES JUSTO QUE EL TRABAJO NOS CUESTE LA VIDA.

Nuestro trabajo no puede ser sinónimo de peligro ni sacrificio extremo.

Denunciamos la falta de medidas estructurales que nos permitan trabajar con seguridad, recursos adecuados y reconocimiento profesional.

Es inaceptable que las entidades gestoras y las administraciones públicas continúen fomentando modelos de contratación que infravaloran el papel de los/as profesionales de la intervención social, primando el abaratamiento de costes por encima de la calidad de la intervención y la seguridad de los/as profesionales.

La externalización y privatización de los servicios sociales derivan en muchos casos en la consolidación de convenios que perpetúan condiciones indignas, con plantillas infradotadas, falta de recursos materiales y ausencia de medidas eficaces de prevención y protección ante situaciones de riesgo.

La precarización del sector de la intervención social no es una novedad, es una realidad que venimos presenciando desde hace años.

La intervención social es un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, y requiere del compromiso firme de las instituciones, por ello, instamos a las administraciones competentes, sindicatos y entidades implicadas a tomar medidas inmediatas para dignificar el sector y garantizar la seguridad de los/as trabajadores/as y REIVINDICAMOS:

• Garantía de condiciones laborales justas y seguras: Exigimos la mejora de los convenios colectivos y la regularización del sector para evitar la contratación de profesionales con categorías laborales inferiores a las que les corresponden, así como la contratación de otros perfiles con el único objetivo de reducir costes salariales.

• Presencia y refuerzo de la seguridad e implementación de protocolos efectivos de prevención y actuación ante situaciones de riesgo.
• Aumento de profesionales: es fundamental la dotación de personal suficiente en cada turno para garantizar la seguridad tanto de los/as profesionales como de las personas atendidas.
• Reconocimiento profesional y respeto a los derechos laborales.
• También reivindicamos una revisión de la política de contratación:

Es imprescindible garantizar que los puestos de intervención directa con colectivos vulnerables sean cubiertos por personal cualificado, con la formación y competencias adecuadas, evitando que la precarización del sector afecte a la calidad del servicio y a la seguridad de los/as trabajadores/as. Por tanto, revisar y definir las funciones y requisitos de cada puesto de atención directa, educadores/as sociales, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, integradores/as sociales, auxiliares, cuidadores/as, monitores/as etc. para garantizar la idoneidad del personal que trabaja con infancia y adolescencia.

• Compromiso institucional para la erradicación de la violencia contra los/as profesionales: Exigimos un posicionamiento claro y firme de las administraciones en la persecución y condena de agresiones a profesionales del sector social, garantizando el apoyo jurídico y psicológico a las víctimas.
• Ponemos también el acento en la Formación continua para los/as trabajadores/as. La intervención social con colectivos en situaciones de alta vulnerabilidad requiere formación continua en gestión de conflictos, desescalada de violencia y autoprotección, que muchas veces ni siquiera se facilita o no se implementa de manera efectiva.