León, 22 de noviembre de 2025. – El Partido Comunista de España (PCE) en Castilla y León manifiesta su más absoluto rechazo y profunda indignación ante la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal de León, que absuelve a los 16 acusados —incluyendo la cúpula directiva, técnicos y aseguradoras— por el accidente que costó la vida a seis mineros en el Pozo Emilio del Valle en octubre de 2013

Para la organización comunista, la resolución judicial hecha pública esta semana, que tilda el accidente de «imprevisible» y elimina cualquier responsabilidad penal y civil de la empresa, supone un ataque frontal a la seguridad de los trabajadores y una humillación a la memoria de las víctimas.

David González, coordinador del PCE en Castilla y León, ha denunciado la desprotección sistemática que sufre la clase obrera ante los tribunales:

«Esta sentencia es una auténtica barbaridad jurídica y moral. Después de doce años de espera, de dolor y de lucha de las familias, el Estado responde con el archivo de las responsabilidades, enviando un mensaje terrible: la vida de un trabajador es el coste asumible del beneficio empresarial. No ha sido un accidente fortuito, es el resultado de un modelo que prioriza la producción sobre la seguridad».

El PCE señala que este fallo pone de manifiesto el sesgo de clase de la judicatura española. Mientras se criminaliza la protesta social y sindical, se tiende un manto de impunidad sobre las grandes corporaciones y sus directivos cuando la falta de medidas de seguridad deriva en muerte.

En palabras de González:

«Queda patente, una vez más, cómo el Estado y la judicatura actúan de barrera protectora para las grandes empresas en contraposición al trato que dispensan a la clase trabajadora. Si los protocolos de seguridad fallan y mueren seis personas, y la justicia dice que "no es culpa de nadie", entonces es que el sistema judicial está diseñado para blindar a los poderosos y dejar a la intemperie a las familias obreras».

Desde el PCE de Castilla y León se indica que se quiere trasladar toda su solidaridad y apoyo incondicional a las familias de los seis fallecidos y a los mineros heridos. «No estáis solos. Vuestra rabia es la nuestra y seguiremos exigiendo justicia y reparación, apoyando los recursos que sean necesarios para revertir esta vergüenza», concluyó el coordinador autonómico.

La organización hace un llamamiento a la sociedad de Castilla y León para que no normalice la siniestralidad laboral ni la impunidad patronal, recordando que la seguridad en el trabajo es un derecho innegociable que se conquista y se defiende cada día.