Las organizaciones políticas, sindicales, ecologistas y sociales que firmamos este Manifiesto queremos volver a exigir “Respeto”. Los catastróficos incendios de este verano, que se han cobrado la vida de 4 personas y han arruinado los hogares y los recursos económicos de muchas familias, son solo la parte más dramática del abandono que sufre nuestro medio rural por parte de la Junta de Castilla y León. La provincia de León ha sido una de las más damnificadas. Por eso, el próximo 23 de noviembre nos manifestamos en la capital leonesa exigiendo que nunca vuelvan a repetirse acontecimientos como los vividos este año. Lo haremos para recordar todos los lugares en los que el fuego ha devorado las esperanzas de la gente, pero también para evitar que el medio rural siga siendo un escenario de abandono, de especulación y de riesgo. Los incendios se ceban con las provincias más despobladas y esto no es casualidad.

Acabamos de saber que la fiscalía de Castilla y León ha abierto diligencias previas contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y contra el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, por posibles delitos de prevaricación por omisión, especialmente del deber de socorro, y delitos contra el medio ambiente durante los graves incendios ocurridos este verano en el norte de León. Tras el tremendo desastre en su gestión, el presidente de la Junta se comprometió en sede parlamentaria a “un extenso diálogo” con todos los sectores implicados para mejorar la prevención de incendios forestales en Castilla y León. El resultado es que no ha cumplido este compromiso y que, a día de hoy, el 30% de la plantilla de los servicios de prevención de incendios ya ha sido despedida.

Y es que gestión del Gobierno del Partido Popular en Castilla y León, en estos 38 años, no ha servido para resolver los principales problemas de esta tierra, entre ellos el de la despoblación que afecta, y mucho, a la conservación de nuestro medio natural. En ese tiempo hemos perdido, según datos del Instituto Nacional de Estadística, 215.000 habitantes. León ha sufrido especialmente esta sangría. Este éxodo tiene causas y tiene responsables porque nunca, desde 1987, el Partido Popular ha establecido ningún proyecto de equilibrio territorial para Castilla y León que tuviera en cuenta las necesidades de la gente. Se podría decir que la despoblación del medio rural más bien ha propiciado que la Comunidad se haya convertido en un espacio para la especulación.

BIOGAS Y MACROGRANJAS

La situación actual muestra movilizaciones contra las macrogranjas porcinas y sus plantas de biogás, debido a la preocupación por la contaminación y la falta de garantías del Gobierno Autonómico. Existe la sospecha de connivencia con intereses económicos, como lo evidencia la "trama eólica". Esto sugiere que los actuales responsables políticos ven el medio rural como una oportunidad de negocio, sin considerar a sus habitantes ni la protección del entorno natural.

UN DESPILFARRO

Resguardar el medio natural supone, entre otras cosas, evitar que haya incendios. Lamentamos tener que recordárselo, una vez más, al señor Consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez Quiñones, quien declaró que mantener el operativo contra incendios durante todo el año era “un despilfarro”. Un despilfarro será ahora tener que indemnizar a las familias que han perdido su medio de vida, sus casas y sus esperanzas, restituir la belleza a un paisaje que servía de telón de fondo al único negocio que les había quedado a muchos habitantes del norte de León y de Palencia ante la pérdida de la minería.

PAGAR EL DESASTRE

Los abajo firmantes esperamos que la ciudadanía reaccione y haga pagar el desastre en el que nos tiene sumidos el Partido Popular en las próximas elecciones autonómicas. En este sentido recordamos que el breve, aunque intenso, paso de la ultraderecha por el Gobierno de Castilla y León dio resultados todavía más desastrosos para esta sufrida autonomía. Por circunscribirlos al ámbito rural debemos recordar que la Consejería de Agricultura, adjudicada a Vox, relajó la vigilancia de la tuberculosis bovina lo que amenazó la extensión de esta enfermedad por toda la Comunidad y por todo el país. El Ministerio de Agricultura tuvo que inmovilizar la cabaña ganadera de Castilla y León para evitar el contagio con el consiguiente perjuicio de las y los ganaderos de nuestra Comunidad. Además la ultraderecha ha tratado de que se pierdan derechos conquistados, ha insultado a las víctimas de la Guerra Civil y, sobre todo, ha establecido el odio como fenómeno social y político dirigiéndolo especialmente contra las y los inmigrantes. La negación del cambio climático, que explica parte de la gravedad de los incendios, es también una contribución suya que ha aceptado de buen grado el Partido Popular en el Gobierno.

CAMBIO CLIMÁTICO

Pero la realidad es tozuda y demuestra que el cambio climático existe y que luchar contra esta emergencia debe estar entre las prioridades de cualquier Gobierno. Perder nuestros montes nos hace más vulnerables, contaminar nuestros acuíferos nos condena a la escasez de agua, llenar los terrenos de cultivo de huertos solares nos hace más dependientes alimentariamente. Negar la evidencia solo nos hace más estúpidos.

El mundo rural es necesario también para quienes viven en las ciudades. No hay vida sin recursos naturales y son las personas de nuestros pueblos quienes tradicionalmente cuidaban el medio natural. Por eso, la despoblación en nuestros pueblos es un problema que debemos abordar. El empleo es uno de los factores que puede arraigar a las personas al territorio. Las organizaciones sindicales se han cansado de reivindicar empleo verde para combatir la despoblación y, entre ese empleo, tiene que estar el cuidado de nuestros bosques durante todo el año. Para asentar población, es imprescindible contar con unos servicios públicos adecuados y las infraestructuras básicas necesarias. Exigimos un operativo contra los incendios que sea público y que se mantenga durante los 12 meses para que los trabajos del invierno puedan prevenir los incendios de verano.

DURO CASTIGO A LOS PUEBLOS

La Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, ha infringido un duro castigo a los habitantes de los núcleos rurales. Ha cerrado, o reducido a su mínima expresión, los consultorios médicos, no ha querido combatir la exclusión financiera que han impuesto las entidades bancarias, no ha fomentado la movilidad ni impulsado la llegada de las nuevas tecnologías, ni ha puesto en práctica una política de vivienda rural porque el Gobierno Mañueco está mucho más interesado en desobedecer la Ley de Vivienda estatal. Mientras, en los relucientes despachos del Gobierno Regional se distribuyen por el territorio actividades industriales que dañan el medio ambiente y la vida en los pueblos sin tener en cuenta las necesidades de sus habitantes.

Las organizaciones que firmamos este manifiesto exigimos un proyecto para el mundo rural de Castilla y León que contenga como mínimo:

• Un operativo de incendios público durante todo el año, con recursos suficientes.
• Ayudas rápidas y suficientes para las personas que han perdido su medio de vida o sus propiedades durante los incendios no sólo de este verano sino también los sucedidos en años anteriores.
• Un plan de vivienda rural que permita la instalación de nuevas familias en nuestros pueblos
• Infraestructuras y un plan de movilidad que vaya más allá de subvencionar los billetes del autobús como ha planteado la Junta de Castilla y León
• Una planificación de las instalaciones energéticas que están proliferando sin control por los cuatro costados de la Comunidad estableciendo una moratoria para las macrogranjas y las plantas de biogás.
• Un plan de instalación de nuevas tecnologías que haga atractiva la vida de las personas más jóvenes en nuestro medio rural
• Un plan de apoyo a las y los jóvenes agricultores y ganaderos que permita la renovación generacional en el campo
• La reapertura de los consultorios médicos que se han cerrado o que han reducido sus actividades.
• El estudio de una propuesta para evitar la exclusión financiera en el medio rural
• Un plan de empleo verde que permita a los habitantes de los pueblos vivir de la naturaleza en sus localidades.
• Impulsar una normativa que proteja de la deslocalización de empresas multinacionales a las zonas rurales, ya que esta tiene un impacto muy negativo, generando desempleo, menor consumo y un debilitamiento económico significativo en esas áreas.
• El cese inmediato del Consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones. La incompetencia del Partido Popular para resolver todos estos desafíos en el pasado nos indica que ni podrá ni querrá abordarlos en el futuro por lo que consideramos que es un buen momento para un cambio de políticas y de prioridades. Las elecciones autonómicas serán la oportunidad para hacer posible este cambio. Serán el momento en el que podremos lograr que haya “Respeto para Castilla y León”.