El acceso a la vivienda es, desde hace años, uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos la clase trabajadora. En el último año, los precios de los alquileres han crecido exponencialmente en todo el Estado. En Castilla y en León, también. 

En ciudades como Segovia o Ávila los alquileres han subido alrededor de un 20%, y en la capital de provincia con los alquileres más baratos de España, Zamora, se ha incrementado su precio por encima del 11%. Otro ejemplo es la ciudad de Soria, donde a pesar de los problemas de despoblación que acechan a toda la provincia, ve sus alquileres encarecidos más de un 12%. No hay ninguna capital de provincia en Castilla y León en la que el precio de los alquileres no crezca por encima del 5%.

Esta realidad que vivimos en primera persona la clase trabajadora, golpea más fuerte a los sectores más precarizados: jóvenes, mujeres y migrantes. La realidad laboral y socioeconómica determina claramente el acceso a una vivienda digna haciéndose imposible en muchos casos encontrar algo que satisfaga nuestras necesidades sin tener que hacer malabares. Además, a la población migrante, se le imponen condiciones mucho más rigurosas y estrictas que al resto: quieren hacer caja pero bajo un paraguas racista.

La parálisis de una institución encaminada a no solucionar jamás este problema es sangrante; se apela a las competencias que gestiona cada nivel de la administración pública simplemente para aparentar una batalla política que genere rédito electoral. Se prometen ventajas fiscales que sólo favorecen a una parte. Se legisla de manera insuficiente, sin poner en el centro a la clase trabajadora, y cuando se legisla tímidamente a nuestro favor (como pudo ser la última Ley de Vivienda) no se imponen obligaciones o penalizaciones en caso de incumplimiento. Ejemplo de que las medidas no sirven, es que tan sólo el 13% de los alquileres en Castilla y León está por debajo de los 600€, lo que hace que el 87% de las viviendas en alquiler queden fuera del bono del Gobierno. 

En España, el derecho a la vivienda no existe realmente, por más que se apele al artículo 47 de la Constitución Española de 1978. Este artículo se encuentra en un capítulo donde no existen garantías legales que garanticen su cumplimiento, como así está ocurriendo en la actualidad, dando rienda suelta a la usura de los rentistas, de los fondos buitre y de las empresas inmobiliarias, cuyos dividendos no paran de crecer a costa de la extracción pasiva de la plusvalía salarial a los trabajadores y trabajadoras. Esto es sin duda la mejor expresión del Régimen del 78.

Desde el PCE en Castilla y León, llamamos a nuestra militancia a participar activamente en todas las protestas en este ámbito y a formar parte de los movimientos sociales existentes actualmente para hacer frente al problema de manera efectiva. Exigimos a las diferentes administraciones involucradas soluciones a corto plazo; aplicando, por ejemplo, el artículo 128 de la CE en virtud del interés general para expropiar inmuebles a fondos buitres y grandes tenedores gestionando estos por un organismo público que garantice un parque de vivienda público (construyendo a largo plazo si es necesario) con precios proporcionales a la renta poniendo coto a los abusos de las Inmobiliarias. También exigimos la declaración obligatoria de zonas tensionadas en los municipios con subidas de los precios de alquiler que así lo requieran por Ley amortiguando la subida y el control efectivo de los alquileres vacacionales.

La vivienda debe ser un derecho y no un bien de mercado. No nos conformamos con parches. Sólo con el fin del Capitalismo y con la conformación de una sociedad Socialista podremos garantizar nuestros derechos de manera efectiva.

¡Tu casero o tú! ¡Organízate por tus derechos!