Los pueblos y bosques del país están en llamas. Los fuegos que arrasan la península, especialmente el interior occidental, han provocado desalojos, pérdida de casas, tierras, montes y vidas. Todo indica que aún quedan más llamas por delante. Hablar solo de falta de inversión en prevención y extinción es quedarse corto. Cada incendio que recorre el territorio lo hace sobre zonas ya despobladas en manos de propietarios que se aseguran de rentabilizar la tierra al máximo, donde el cuidado al monte no tiene sentido desde la máxima del beneficio

No estamos ante un problema técnico ni de gestión. Estamos ante un sistema basado en la propiedad privada de la tierra, en la competencia, en la acumulación. No hay prevención cuando el mapa se dibuja en función del beneficio. Y ni siquiera quienes enfrentan el fuego tienen condiciones para hacerlo con dignidad: cuadrillas temporales, medios mínimos, comida insuficiente. No hay otra forma de gestión de emergencias posible bajo un Estado nacido para asegurar la rentabilidad, aun desentendiéndose de las vidas de trabajadores y vecinos. Para ellos, cada hectárea quemada es un número. Para nosotros, es un hogar, un trabajo, una vida.

No se trata solo de apagar fuegos. Se trata de construir otra forma de vida. Donde no ardan los montes, sino las viejas estructuras que nos condenan.

¡CONTRA EL FUEGO, CONTRA EL CAPITAL!