Llevamos tiempo expresando nuestra preocupación por el gravísimo deterioro de la Sanidad Pública en Castilla y León.

Desde hace años, los continuos recortes presupuestarios, la mala gestión y la derivación de recursos a la sanidad privada están poniendo en grave peligro la calidad de la atención sanitaria pública a la que tenemos derecho todas las personas, independientemente de nuestra capacidad económica. Un derecho que hoy tenemos y que podemos perder.

Además, la grave crisis ecológica que padecemos causa impactos negativos sobre nuestra salud. El cambio climático, la contaminación, las epidemias, la aparición de nuevas enfermedades hacen aún más evidente la necesidad de un sistema sanitario público fuerte y universal, que nos proteja de manera eficaz.

Desde que en 2002 se transfirió la gestión sanitaria a las Comunidades Autónomas, tanto en el Sistema Nacional de Salud en su conjunto como en la Sanidad de Castilla y León, comenzó un declive que se agudizó durante la crisis económica de 2010, con recortes brutales de cuyos efectos aún no se había recuperado cuando sobrevino la Covid 19.

La Junta de Castilla y León no defiende la Sanidad Pública. Tras la pandemia, los presupuestos de Sanidad no han aumentado conforme al crecimiento de nuestra economía, y ni siquiera se han compensado las subidas del IPC. La parálisis de la Junta en los último cinco años, con varias prorrogas presupuestarias ha originado nuevos recortes acumulados por valor de 1.445 millones de euros.

Recortes que han reducido la capacidad del sistema sanitario y que han afectado más a la Atención Primaria, y a las partidas de personal y de inversiones. Esta falta de capacidad se constata en las escandalosas cifras de las listas de espera, junto con los también inadmisibles retrasos para recibir asistencia en Atención Primaria, que es el eslabón básico para una atención sanitaria de calidad.

La lista de espera es el síntoma más evidente y dramático de un problema estructural, y las soluciones deben ser estructurales. Medidas de choque como aumentar la jornada de los sanitarios (autoconcertación) o externalizar a clínicas privadas no están dando el resultado prometido.

Los gestores públicos deben garantizar el derecho a una Sanidad Pública de calidad para toda la población, tanto en el medio rural como en el urbano. Sin embargo, se ha ido socavando este derecho para favorecer la mercantilización de la salud y el beneficio económico de unas pocas empresas.

Si no paramos este deterioro, sólo las personas con recursos económicos suficientes podrán pagarse los servicios sanitarios. La mayoría tendríamos que recurrir a la beneficencia, como ya sucede en otros países.

Resignarse no es una opción. Por eso nos movilizamos una vez más en Burgos y en Castilla y León. Queremos exponer a las autoridades sanitarias nuestras reivindicaciones y exigir que se respete nuestro derecho a una sanidad pública, gratuita, universal y de calidad, y que las externalizaciones sean excepcionales y transitorias.

EXIGIMOS UN PROYECTO DE CONSENSO PARA LA SANIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, QUE CONTEMPLE ESTAS REIVINDICACIONES:

1. MÁS FINANCIACIÓN PARA UNA SANIDAD PÚBLICA UNIVERSAL, DE CALIDAD Y CON EQUIDAD, ALCANZANDO LA MEDIA DE GASTO SANITARIO PÚBLICO DE LA UNIÓN EUROPEA.

2. AUMENTAR LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL DE LA SANIDAD PÚBLICA CON MÁS RECURSOS PROPIOS, HUMANOS Y MATERIALES

3. MEJORAS EN ATENCIÓN PRIMARIA PARA TODA LA POBLACIÓN, CON MÁS FINANCIACIÓN, PERSONAL Y RECURSOS MATERIALES. Modernizar los centros de salud y construir nuevos centros.

4. MEJORAS EN LOS HOSPITALES Y CENTROS DE ESPECIALIDADES Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO CON UNA RED DE CENTROS QUE CUBRA LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y GARANTICE LA EQUIDAD Y LA ACCESIBILIDAD EN IGUALDAD DE CONDICIONES.

5. TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN Y LA INFORMACIÓN DE LAS LISTAS DE ESPERA. No penalizar con más demora a quienes rechazan ser derivados a clínicas privadas. Es un escándalo que la demora en lista quirúrgica haya llegado a triplicarse para estos pacientes.

6. MEJORAS LABORALES Y PROFESIONALES, PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE LA SANIDAD PÚBLICA, incentivando especialmente los puestos de trabajo de difícil cobertura, que tanto afectan a las zonas rurales y los hospitales comarcales.

7. ATENCIÓN A LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES, Garantizando el acceso a la sanidad, ingresos de media y larga estancia y la atención sociosanitaria especialmente para la población mayor, el medio rural y las zonas despobladas, acercando los servicios (Fisioterapia, Trabajo Social…) y adecuando la dotación de medios de transporte a las necesidades de cada zona.

8. RECUPERAR EL HOSPITAL DIVINO VALLES PARA GERIATRÍA, INGRESOS DE MEDIA Y LARGA ESTANCIA Y CUIDADOS PALIATIVOS

9. PROTEGER LA SANIDAD PÚBLICA PARALIZANDO Y REVIRTIENDO LAS PRIVATIZACIONES. RECUPERAR LA GESTIÓN DIRECTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS

• Cumplir la vigente ley de Sanidad de 1986 y derogar la ley 15/97 para blindar lo público e impedir las privatizaciones,

• Limitar las externalizaciones a casos excepcionales y transitorios, para mejorar así la cohesión y accesibilidad de toda la ciudadanía. NO queremos que se financie con el dinero de todos, el negocio de unos pocos. ¡BASTA YA DE EXTERNALIZACIONES!

• Incentivar la exclusividad de los profesionales en la Sanidad Pública y supervisar el cumplimiento de las condiciones de compatibilidad para compaginar actividad privada.

10. FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL SISTEMA SANITARIO a través de los Consejos de Salud en todos sus niveles y con la participación de las plataformas en defensa de la Sanidad Pública.

LA SANIDAD PÚBLICA NO ES DE LOS POLÍTICOS, ES NUESTRA. SOMOS LOS TITULARES DEL SISTEMA SANITARIO.

POR ESO DECIMOS:

 ¡La Sanidad Pública no se vende, se defiende!