La solidaridad con Palestina ante el genocidio sionista no puede convertirse en motivo de persecución ni de represalias
Izquierda Unida de Castilla y León, ante el juicio de las cuatro personas encausadas en Valladolid por las protestas contra la participación del equipo sionista Israel-Premier Tech en la Vuelta Ciclista a España de 2025 y ante las sanciones impuestas a cinco personas en Ponferrada por movilizarse en solidaridad contra el genocidio del pueblo palestino,
EXPONE
Primero. Que el derecho de manifestación, la libertad de expresión y la participación política constituyen pilares fundamentales de una sociedad democrática. Su ejercicio debe estar especialmente protegido cuando la ciudadanía se moviliza para denunciar vulneraciones de derechos humanos, exigir responsabilidades y reclamar el respeto al derecho internacional.
Segundo. Que cuatro personas de Valladolid se enfrentan a un procedimiento judicial y penas que suman ocho años de prisión por su participación en las protestas celebradas durante la Vuelta Ciclista a España de 2025, en las que se denunció la presencia del equipo Israel-Premier Tech y se expresó el rechazo a su complicidad y blanqueamiento del genocidio sionista contra la población palestina. El juicio está señalado para el 10 de noviembre de 2026.
Tercero. Que Izquierda Unida de León ha denunciado las sanciones administrativas impuestas a cinco personas en Ponferrada tras las movilizaciones contra la participación de dicho equipo ciclista y en apoyo a Palestina. Estas sanciones suscitan una preocupación legítima por el posible efecto disuasorio que las consecuencias económicas y administrativas pueden ejercer sobre el ejercicio de las libertades públicas.
Cuarto. Que ambos casos plantean una cuestión de alcance general: la necesidad de garantizar que el ejercicio de los derechos fundamentales no quede condicionado por la posición política expresada en una movilización. La crítica a las decisiones de un Gobierno, la denuncia de las vulneraciones de derechos humanos y la solidaridad internacionalista forman parte de los derechos fundamentales y del pluralismo democrático.
Quinto. Que la defensa de los derechos del pueblo palestino, de su libertad, de su seguridad y de su derecho a vivir con dignidad constituye una exigencia de respeto a los derechos humanos. La denuncia de las actuaciones del régimen sionista de Israel y de las políticas del sionismo como proyecto político no son manifestaciones de antisemitismo, racismo o discriminación.
Sexto. Que las instituciones públicas tienen la responsabilidad de proteger las libertades democráticas, garantizar la proporcionalidad de las actuaciones administrativas y policiales, respetar las garantías procesales y evitar que el ejercicio legítimo de la protesta se vea sometido a restricciones injustificadas. Todo procedimiento debe resolverse con pleno respeto a la presunción de inocencia, al derecho de defensa y a la independencia judicial.
POR TODO ELLO, IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y LEÓN ACUERDA
Primero. Expresar su solidaridad y apoyo a las cuatro personas encausadas en Valladolid por las protestas en apoyo al pueblo palestino, así como a las cinco personas sancionadas en Ponferrada por participar en movilizaciones de solidaridad con Palestina.
Segundo. Reclamar el respeto efectivo al derecho de manifestación, a la libertad de expresión y a la participación política, rechazando cualquier actuación que pueda restringir injustificadamente estas libertades o generar un efecto intimidatorio sobre la ciudadanía movilizada en defensa de los derechos humanos.
Tercero. Manifestar su preocupación por la desproporción que representan las sanciones penales y económicas que propone la Fiscalía, a las que se enfrentan las personas afectadas y reclamar que las actuaciones administrativas y judiciales respeten los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y garantía de los derechos fundamentales.
Cuarto. Defender la absolución de las cuatro personas encausadas en Valladolid, en coherencia con la posición expresada por las organizaciones de apoyo, y reclamar la revisión y anulación de las sanciones impuestas en Ponferrada, con pleno respeto a las vías de recurso y a las garantías jurídicas de las personas afectadas.
Quinto. Instar a las administraciones públicas competentes a garantizar que las actuaciones policiales y administrativas relacionadas con las movilizaciones sociales se ajusten a la legalidad, sean proporcionadas y no produzcan restricciones indebidas de los derechos fundamentales.
Sexto. Reafirmar el compromiso de Izquierda Unida de Castilla y León con la defensa de los derechos humanos, el derecho internacional, el apoyo al pueblo palestino y la denuncia del genocidio sionista del pueblo palestino. La solidaridad internacionalista y la denuncia de las vulneraciones de derechos humanos deben poder ejercerse sin miedo a represalias injustificadas.
Séptimo. Trasladar esta resolución a las personas afectadas, a las organizaciones sociales y políticas que trabajan en solidaridad con Palestina y a los colectivos defensores de las libertades públicas, expresando el apoyo de Izquierda Unida de Castilla y León a las iniciativas pacíficas de solidaridad y acompañamiento.
Octavo. Difundir públicamente esta resolución como expresión del compromiso de Izquierda Unida de Castilla y León con una democracia en la que disentir, protestar y defender los derechos humanos sean derechos efectivos, y no actividades sometidas al temor a sanciones o represalias.
Desde el PCE en Castilla y León nos sumamos a la resolución aprobada por Izquierda Unida de Castilla y León
Por las libertades democráticas. Por el derecho a protestar. Por una Palestina libre y con plenos derechos.
